Hace un mes, familiares de personas afectadas por la adicción a las drogas se movilizaron hasta la sede de los Tribunales de la Provincia de Córdoba.
El planteo central de los manifestantes bellvillenses fue el mismo que se replica en todo el país desde hace años: la necesidad de judicializar compulsivamente los casos en los que la persona pierde el control de su vida, algo que la Ley Nacional de Salud Mental no permite.
Reformada en 2012, la normativa determina que la internación involuntaria es un recurso terapéutico excepcional que solo procede ante riesgo cierto e inminente del adicto (y/o paciente psiquiátrico) para sí o terceros, y cuando no es posible un abordaje ambulatorio de su problemática.
En atención a los recientes reclamos, y a pedido del Judicial, el municipio organizó y concretó una reunión con los magistrados Eduardo Bruera (Civil y Comercial) y Noelia Azcona (Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género y Penal Juvenil), y con José María Ruiz y Silvina Rochaix, director y sub directora Salud Mental del Hospital Regional José Antonio Ceballos.
Junto al intendente Juan Manuel Moroni, al secretario de Desarrollo Social Horacio Pelletti, al director de Salud Daniel Cavalié y al asesor Letrado Marcelo Filippi, los funcionarios provinciales se asesoraron on line con representantes de la Oficina de Coordinación de Internaciones Judiciales Involuntarias (OCIJI).
Luego del encuentro, se acordó constituir una mesa de trabajo con los objetivos de hacer un diagnóstico de situación local, relevar y gestionar los recursos disponibles y fortalecer a los equipos sanitarios.
