El presidente del Tribunal de Cuentas, Tristán Miserere y la integrante de ese mismo organismo, Noelia Ferrari, aseguraron que la Orden de Pago a la empresa A. PE. S.A. encargada del reasfaltado y bacheo de varias arterias de la ciudad y por cuenta y orden del municipio, “se aprobó por unanimidad”, es decir con el visto bueno de sus tres integrantes.
“El procedimiento en cuanto a la legalidad de la erogación, estaba cumplido”, señaló el tribuno y aclaró que en ejercicio del poder de control que le asiste al Tribunal, se solicitaron las aclaraciones sobre dudas las que fueron cumplimentadas por el Departamento Ejecutivo Municipal”.
Explicó que el ejecutivo en un expediente de más de 100 fojas, ha cumplido sobradamente lo requerido, por lo que la mayoría levantó la reserva que tenía del caso y opinó que se debe archivar definitivamente el expediente, trámite que se cumplió.
Miserere, señaló también que la contratación directa y los criterios de necesidad, oportunidad, etc., ya fueron evaluados; el intendente municipal solicitó permiso al Concejo Deliberante; se promulgó una Ordenanza en particular y eso “definitivamente es soberano”.
“Al venir la orden de pago para su aprobación, el Tribunal vio pertinente solicitar algunos datos, por ejemplo, cómo se había abonado, responsable técnico, detalles más precisos de las cuadras a bachear y/o reasfaltar y una certificación de obra”, reiteró.
En la contestación, el Ejecutivo Municipal informó sobre el cómputo volumétrico, cuadras intervenidas, fotografías de seguimiento diario de control de calidad del asfalto, imágenes de antes y después de las reparaciones, etc.
También consta el informe de laboratorio sobre la compactación de bases donde luego se procedió al reasfaltado de cada una de las cuadras intervenidas, que era la mayor deficiencia que presentaba el antiguo asfaltado y que debió ser removido.
El presidente del Tribunal de Cuentas aseguró que” los procedimientos que la Carta Orgánica y la Ordenanza de Contrataciones mandan, están cumplidos. Nosotros no evaluamos criterios de oportunidad, conveniencia, urgencia de la obra, si correspondía licitación pública o no. Se evaluaron los órganos políticos y de gobierno que correspondieron, sobre que había una necesidad por un montón de causas que compartimos y están debidamente explicadas. El Tribunal de Cuentas en su ejercicio de soberanía aprobó y convalidó esas razones y ordenó al intendente que contrate de forma directa. Para nosotros la legalidad está asegurada y prueba de ello es que se suscribió por unanimidad la orden de pago”.
